EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y 

EL MINISTRO DE SALUD 

En ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas en los artículos 21, 50, 140 incisos 
3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), 28 inciso
2) acápite b) de la Ley General de la Administración Pública número 6227 del 2 de mayo
de 1978; los artículos 4, 6, 7, 147, 160, 177, 337, 338, 340, 341, 355 y 356 de la Ley
General de Salud, Ley número 5395, del 30 de octubre de 1973; los artículos 2 inciso b),
c) y e) y 57 de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Ley número 5412, del 08 de
noviembre de 1973; los artículos 95 bis, 136 inciso d), 145 inciso dd) y 151 inciso k) de
la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley número 9078 del 4
de octubre de 2012 y sus reformas; el Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de
marzo de 2020; y,

CONSIDERANDO: 

I. Que los artículos 21 y 50 de la Constitución Política regulan los derechos
fundamentales a la vida y salud de las personas, así como el bienestar de la
población, que se constituyen en bienes jurídicos de interés público que el
Estado está obligado a proteger, mediante la adopción de medidas que les
defiendan de toda amenaza o peligro.

II. Que los artículos 1, 4, 6, 7, 337, 338, 340, 341, 355 y 356 de la Ley General de
Salud, Ley número 5395, del 30 de octubre de 1973, y 2 inciso b) y c) y 57 de la
Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Ley número 5412 del 08 de noviembre de
1973, regulan la obligación de protección de los bienes jurídicos de la vida y la
salud pública por parte del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud.
Asimismo, la salud de la población es un bien de interés público tutelado por el
Estado, y que las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas relativas a la
salud son de orden público, por lo que en caso de conflicto prevalecen sobre
cualesquiera otras disposiciones de igual validez formal.

III. Que desde enero del año 2020, las autoridades de salud activaron los protocolos
de emergencia epidemiológica sanitaria internacional por el brote de un nuevo
coronavirus en China. La alerta de la Organización Mundial de la Salud del día 30
de enero de 2020 se generó después de que se detectara en la ciudad de Wuhan
de la Provincia de Hubei, en China, un nuevo tipo de coronavirus que ha
provocado fallecimientos en diferentes países del mundo. Los coronavirus son
una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el
resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el
coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el que
ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo y el que provoca el COVID-19.

PODER EJECUTIVO
DECRETOS

N° 43004-MOPT-S 



IV. Que en razón de lo anterior, desde enero del año 2020, el Poder Ejecutivo ha
activado diversos protocolos para enfrentar la alerta epidemiológica sanitaria
internacional, con el fin de adoptar medidas sanitarias para disminuir el riesgo de
impacto en la población que reside en Costa Rica.

V. Que el día 06 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19 en Costa
Rica, luego de los resultados obtenidos en el Instituto Costarricense de
Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud. A partir de esa fecha han
aumentado los casos debidamente confirmados.

VI. Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó la situación
de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia
internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e
internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer
frente a esta coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurren
constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud
tanto por el muy elevado número de personas afectadas como por el
extraordinario riesgo para su vida y sus derechos.

VII. Que mediante el Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020,
se declaró estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República de
Costa Rica, debido a la situación de alerta sanitaria provocada por la enfermedad
COVID-19.

VIII. Que el ordinal 22 de la Constitución Política consagra el derecho humano que
posee toda persona de trasladarse y permanecer en el territorio nacional. Se trata
de la libertad de tránsito, entendida como la libertad de movimiento, traslado y
permanencia en cualquier punto de la República; no obstante, dicho derecho
fundamental no eleva al rango constitucional el elemento de movilizarse en un
medio de transporte en particular. El núcleo duro de dicho derecho radica en
garantizar a las personas la posibilidad de trasladarse libremente en el territorio
nacional. Bajo ese entendido, se deduce que existe la opción de aplicar medidas
de restricción temporal para la conducción de un vehículo automotor durante un
horario determinado sin que ello constituya un quebranto o amenaza a la libertad
de tránsito.

IX. Que de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley de Administración Vial, Ley
número 6324 del 24 de mayo de 1979, en armonía con Ley de Tránsito por Vías
Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley número 9078 del 4 de octubre de 2012,
disponen que corresponde al Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, regular lo concerniente al tránsito de vehículos en las vías
públicas terrestres de Costa Rica.

X. Que el artículo 95 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad
Vial, estipula que “El Poder Ejecutivo podrá establecer restricciones a la
circulación vehicular, por razones de oportunidad, de conveniencia, de interés



público, regional o nacional, debidamente fundamentadas, conforme se 
establezca reglamentariamente (…)”. Sin embargo, de forma más específica a 
través de la Ley número 9838 del 3 de abril de 2020, se reformó la Ley de Tránsito 
por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, siendo que se agregó el artículo 95 
bis, el cual consigna que “El Poder Ejecutivo podrá establecer, en todas las vías 
públicas nacionales o cantonales del territorio nacional, restricciones a la 
circulación vehicular por razones de emergencia nacional decretada previamente. 
La restricción de circulación vehicular se señalará vía decreto ejecutivo, indicando 
las áreas o zonas, días u horas y las excepciones en las cuales se aplicará. (…)”. 

XI. Que indudablemente, la facultad reconocida en los numerales supra citados
responde a una relación de sujeción especial que el ordenamiento jurídico
dispone como categoría jurídica particular en el vínculo sostenido entre la
Administración Pública y las personas administradas para el mejoramiento y
fortalecimiento de la función pública. En el presente caso, la restricción vehicular
es una acción derivada de ese régimen para atender y proteger un bien jurídico
preponderante como lo es la salud pública y con ello, el bienestar general, bajo
criterios objetivos, razonables y proporcionales.

XII. Que el Programa Estado de la Nación emitió el informe correspondiente al año
2020, en el cual se contempló un estudio especial sobre los efectos de la
pandemia en el país y su relación con las medidas de restricción vehicular,
movilidad de la población y la asociación con los nuevos contagios locales de
COVID-19. Dicho estudio técnico reflejó con claridad y precisión los impactos
positivos generados a partir de la aplicación de tal medida de restricción en el
marco de la emergencia nacional actual.

XIII. Que ante la persistencia de la situación epidemiológica compleja por el COVID-
19 en el territorio nacional y a nivel internacional, el Poder Ejecutivo está llamado
a mantener los esfuerzos y fortalecer, con apego a la normativa vigente, las
medidas de prevención por el riesgo en el avance de dicho brote que, por las
características del virus resulta de fácil transmisión mayormente con síntomas,
pero también en personas sin síntomas manifiestos, lo cual representa un factor
de aumento en el avance del brote por COVID-19 y el riesgo inminente de
saturación de los servicios de salud, así como la imposibilidad de atender
oportunamente a aquellas personas que enfermen gravemente.

XIV. Que en razón de los esfuerzos y las obligaciones del Poder Ejecutivo en el
abordaje de la emergencia, se emitió el Decreto Ejecutivo número 43003-MOPT-
S del 18 de mayo de 2021, como medida especial de restricción sanitaria diurna
para el período comprendido del 19 de mayo al 30 de mayo de 2021 y que forma
parte de las acciones para contener el momento crítico epidemiológico que
actualmente atraviesa el país. Dicha medida temporal tiene por objetivo
disminuir la exposición de las personas que se movilizan en vehículos, de tal forma
que se autoriza la circulación de los automotores según el último dígito de la placa
o del permiso temporal AGV por números pares e impares para el día



correspondiente. Sin embargo, debido a la aplicación de esta medida, durante la 
cual las personas no podrán circular determinados días, resulta necesario añadir 
a la lista de excepciones contemplada en el artículo 4° del Decreto Ejecutivo 
número 43003-MOPT-S la excepción referente a la prueba de manejo, a efectos 
de que las personas usuarias de este servicio puedan llevar a cabo dicho examen 
previamente agendado y no se afecte con ocasión de la medida temporal 
referida. De ahí que el Poder Ejecutivo procede a reformar el Decreto Ejecutivo 
en mención para agregar la excepción de la prueba de manejo durante la vigencia 
de dicha medida especial. 

Por tanto, 
DECRETAN 

REFORMA AL DECRETO EJECUTIVO NÚMERO 43003-MOPT-S DEL 18 DE MAYO 
DE 2021, DENOMINADO RESTRICCIÓN SANITARIA VEHICULAR TEMPORAL DEL 19 AL 
30 DE MAYO DE 2021 PARA TODO EL TERRITORIO NACIONAL DEBIDO EL ESTADO DE 

EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19 

ARTÍCULO 1°.- Refórmese el artículo 4° del Decreto Ejecutivo número 43003-MOPT-S 
del 18 de mayo de 2021, para que se agregue el inciso t) y en adelante se lea de la 
siguiente manera: 

“ARTÍCULO 4°.- Excepciones a la medida de restricción vehicular diferenciada. 

Se exceptúa de la restricción vehicular establecida en el artículo 3° de este 
Decreto Ejecutivo, a los siguientes casos: 

(…) 
t) Los vehículos de las personas que requieran trasladarse estrictamente con
ocasión de la realización de la prueba de manejo, debidamente acreditada con el
comprobante de matrícula emitido por el sistema de citas de la Dirección General
de Educación Vial.”

ARTÍCULO 2°.- Rige. 

El presente Decreto Ejecutivo rige a partir del 19 de mayo de 2021 y hasta el 30 de mayo 
de 2021. 

Dado en la Presidencia de la República, San José a los diecinueve días del mes de mayo 
de dos mil veintiuno. 

       CARLOS ALVARADO QUESADA.—El Ministro de Salud, Daniel 
Salas Peraza.—El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo 
Méndez Mata.—1 vez.—Exonerado.—( D43004 - IN2021551604 ).


	ALCANCE N° 99 A LA GACETA N° 96
	PODER EJECUTIVO
	DECRETOS
	N° 43004-MOPT-S