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Pública o la entidad respectiva, a fin de asegurar el correcto 
cumplimiento de los deberes y obligaciones que trae consigo 
el ejercicio de la función pública encargada a tales servidores.

3º—Que, de conformidad con lo dispuesto en la citada 
norma jurídica, las leyes y reglamentos determinarán tanto la 
clase y montos de las garantías, así como los procedimientos 
aplicables, en orden a los niveles de responsabilidad, monto 
administrado y el salario del funcionario correspondiente.

4º—Que el artículo 110 inciso 1) de la Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos, establece como un hecho generador de responsabilidad 
administrativa, el nombramiento de un servidor con facultades 
de uso y disposición de recursos públicos, que no reúna 
las condiciones exigidas por el ordenamiento jurídico o los 
manuales y las reglamentaciones internas o darle al servidor 
posesión del cargo sin rendir previamente la caución que 
ordena la citada norma jurídica.

5º—Que según dispone la Ley General de Control Interno, 
el objetivo general del control interno es proteger y conservar 
el patrimonio institucional, siendo responsabilidad de la 
Administración, en especial del jerarca y en cooperación con 
los titulares subordinados, implementar y ejecutar medidas 
efectivas para administrar en forma adecuada el nivel de 
riesgo existente en las labores de custodia y administración 
de fondos y valores públicos; teniéndose que un mecanismo 
idóneo para proteger el patrimonio del Estado es la rendición 
de garantías por parte de quienes tienen la responsabilidad de 
administrar y custodiar esos fondos y valores Públicos.

6º—Que de conformidad con lo establecido por el 
artículo 120 de la Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, la falta de presentación 
de la respectiva garantía por parte de los funcionarios públicos 
obligados a ello constituye causal para el cese en el cargo sin 
responsabilidad patronal.

7º—Que el artículo 13 del Decreto Ejecutivo número 
41365-MOPT de fecha 03 de octubre de 2018, denominado 
“Reglamento para la rendición de cauciones de los 
funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes al 
tenor de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 8131 “Ley 
de Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos”, establece que los órganos con desconcentración 
máxima adscritos a este Ministerio, a saber, el Consejo Técnico 
de Aviación Civil, el Consejo Nacional de Vialidad, el Consejo 
Nacional de Concesiones, el Consejo de Seguridad Vial, el 
Consejo de Transporte Público y el Tribunal Administrativo de 
Transporte deberán adoptar su propia reglamentación.

8º—Que se procedió a llenar el Formulario de 
Evaluación Costo Beneficio, Sección I, denominada Control 
Previo de Mejora Regulatoria, siendo que el mismo dio un 
resultado negativo y la propuesta no contiene trámites ni 
requisitos. Por tanto,

Decretan:
REGLAMENTO PARA LA RENDICIÓN DE CAUCIONES 
DE LOS FUNCIONARIOS DEL CONSEJO TÉCNICODE 

AVIACIÓN CIVIL Y DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN 
CIVIL AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 13 
DE LA LEY DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA 

REPÚBLICA Y PRESUPUESTOS PÚBLICOS
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º—Objeto y ámbito de aplicación. Este 

reglamento tiene por objeto regular lo dispuesto en el 
numeral 13 de la Ley número 8131 del 18 de setiembre de 

parece en el sistema en línea (http://isbncostarica.sinabi.
cerlalc.org/user.php?mode=solicitud_titulo) cada vez que 
solicite un nuevo ISBN.”.”
Artículo 3º—Vigencia: Rige a partir de su publicación en 

el Diario Oficial La Gaceta.
Dado en la Presidencia de la República.—San José a los 

veintinueve días del mes de febrero de dos mil veinticuatro.
RODRIGO CHAVES ROBLES.—La Ministra de Cultura 

y Juventud, Nayuribe Guadamuz Rosales.—1 vez.—O. C. N° 
4600092342.—Solicitud N° 8-2024 SINAB.—( IN2024885578 ).

N° 44529-MOPT
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

En el ejercicio de las facultades y atribuciones que les 
confieren los artículos 140 incisos 3), 18) y 20), y 146 de la 
Constitución Política; 3 de la Ley de Creación del Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes, Ley número 3155 del 05 de 
agosto de 1963, reformada por Ley número 4786 del 5 de julio 
de 1971; 25.1, 27.1, 28.2.b), 103.1 y 198 de la Ley General de 
Administración Pública, Ley número 6227 del 02 de mayo de 
1978; 13, 119 y 120 de la Ley de Administración Financiera de 
la República y Presupuestos Públicos, Ley número 8131 del 
18 de setiembre de 2001, 21 de la Ley Contra la Corrupción 
y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley número 
8422 de fecha 06 de octubre de 2004, 62 del Reglamento a 
la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública, el Decreto Ejecutivo número 32333-MP-J del 
12 de abril de 2005, publicado en el Alcance número 11 a La 
Gaceta número 82 del 29 de abril de 2005 y sus reformas, 
Ley General de Control Interno, Ley número 8292 del 31 de 
julio de 2002, en la norma 4.6.1. de las “Normas de Control 
Interno para el Sector Público”, Norma número N-2-2009-CO-
DFOE, aprobadas por la Contraloría General de la República, 
mediante Resolución número R-CO-9-2009 del 26 de enero 
de 2009, publicadas en La Gaceta número 26 del 6 de febrero 
del 2009, Decreto Ejecutivo número 41365-MOPT del 03 de 
octubre de 2018, publicado en La Gaceta número 218 del 23 
de noviembre de 2018 y las “Directrices que deben observar la 
Contraloría General de la República y las Entidades y Órganos 
Sujetos a su Fiscalización para elaborar la normativa interna 
relativa a la rendición de garantías o cauciones” emitidas por 
la Contraloría General de la República, mediante Resolución 
número R-CO-10-07 del 19 de marzo de 2007, publicadas en 
La Gaceta número 64 del 30 de marzo de 2007.

Considerando:
1º—Que los artículos 183 y 184 de la Constitución 

Política disponen que la Contraloría General de la República 
es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la 
vigilancia de la Hacienda Pública, asimismo, el artículo 12 de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 
Ley número 7428 del 07 de setiembre de 1994, designa a ésta 
como órgano Rector del Sistema de Control y Fiscalización 
Superiores de la Hacienda Pública.

2º—Que de acuerdo con el artículo 13 de la Ley de 
Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos, sin perjuicio de las previsiones que deba tomar la 
Administración, todo encargado de recaudar, custodiar o 
administrar fondos y valores públicos, debe rendir con cargo 
a su propio peculio, una garantía a favor de la Hacienda 



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Presupuesto Ordinario de la República, aprobada en el 
mes de noviembre anterior a la fecha de vigencia del 
nuevo ejercicio económico.

Para la actualización anual de dicho monto, se 
utilizará el dato publicado en el Boletín Judicial de la 
Corte Suprema de Justicia a cada inicio de año.

viii. Clasificación por nivel de responsabilidad y monto 
de la caución: Las personas funcionarias que deben 
rendir la garantía, se dividen en cinco niveles: A, B, C, D y 
E; con su respectivo monto de caución, indiferentemente 
del número del puesto o la nomenclatura de la plaza, 
ya sea, que ostenten un nombramiento interino o en 
propiedad, son los que ocupen los siguientes cargos:
a. Nivel A: Miembros del Consejo Técnico de Aviación 

Civil. Monto de la caución: seis salarios base.
b. Nivel B: Director y subdirector de la Dirección General 

de Aviación Civil. Monto de la caución: cinco salarios 
base.

c. Nivel C: Jefe Departamento Financiero Administrativo, 
Jefe Unidad de Recursos Financieros, Proveedor 
institucional, jefe Departamento Aeropuertos, de 
la Dirección General de Aviación Civil. Monto de la 
caución: cuatro salarios base.

d. Nivel D: Jefe Unidad Infraestructura Aeronáutica de 
la Dirección General de Aviación Civil, administrador 
Aeropuerto Internacional de Limón, administrador 
Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma, 
administrador Aeropuerto Internacional Daniel 
Oduber Quirós, jefe del proceso de Tesorería de la 
Dirección General de Aviación Civil, jefe del proceso 
Presupuesto de la Dirección General de Aviación 
Civil, jefe de proceso Contabilidad de la Dirección 
General de Aviación Civil, jefe de la Unidad de Gestión 
Institucional de Recursos Humanos de la Dirección 
General de Aviación Civil, jefe proceso Servicios 
Generales de la Dirección General de Aviación Civil, 
jefe proceso Administración de Bienes Institucionales, 
de la Dirección General de Aviación Civil, jefe Proceso 
de Gestión Documental y Remuneraciones de la 
Dirección General de Aviación Civil, jefe de la Unidad 
Informática de la Dirección General de Aviación 
Civil, jefe proceso de Mantenimiento de la Dirección 
General de Aviación Civil, inspector general del 
Órgano Fiscalizador de la Gestión Interesa (OFGI), 
Gerente de Proyecto y Fiscalizador General del 
Contrato de Gestión Interesada de la Concesión del 
Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós Monto 
de la caución: tres salarios base.

e. Nivel E: Cualquier otra persona funcionaria que 
debido al desempeño de su cargo ejecute las 
funciones administrativas de cuido, guarda o tenencia 
sobre aquellos dineros, recursos, valores, bienes 
y derechos de propiedad del CETAC/DGAC o la 
Hacienda Pública. Monto de la caución: dos salarios 
base.

Artículo 4º—Naturaleza de la garantía. La garantía que debe 
rendir la persona funcionaria obligada a ello, de conformidad 
con los términos del presente reglamento, será por medio de 
una póliza de fidelidad anual suscrita con el Instituto Nacional 
de Seguros o cualquier otra entidad autorizada, misma que 
será con cargo a su propio peculio y que deberá renovar 
mientras la persona ocupe el cargo que genera la obligación 
de la caución. La suscripción de dicha póliza deberá realizarse 

2001, denominada “Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Público”, en el sentido de que toda 
persona funcionaria de la Dirección General de Aviación Civil y 
del Consejo Técnico de Aviación Civil, encargada de recaudar, 
custodiar o administrar fondos y valores públicos, deberá 
rendir garantía o caución con cargo a su propio peculio a favor 
del Consejo Técnico de Aviación Civil, con el fin de asegurar 
el correcto cumplimiento de los deberes y obligaciones de 
las personas trabajadoras que reúnan las características 
señaladas anteriormente.

El presente reglamento se aplicará a todas las personas 
servidoras de la Dirección General de Aviación Civil, en 
adelante DGAC, y el Consejo Técnico de Aviación Civil, en 
adelante CETAC, cuyas labores o tareas correspondan o se 
ubiquen dentro de los supuestos contenidos en el apartado viii 
del artículo 3 de este reglamento.

Artículo 2º—La finalidad de la caución. La caución tiene 
como finalidad el aseguramiento en el cumplimiento de las 
funciones encomendadas de aquellas personas que se 
califican como administradores y el resarcir los eventuales 
daños y perjuicios que este produzca al patrimonio público, de 
acuerdo con su responsabilidad.

CAPÍTULO II
Definiciones, naturaleza de las garantías,

monto y plazo
Artículo 3º—Definiciones: Para efectos de aplicación y 

claridad, se entenderá en el presente reglamento, las siguientes 
definiciones:
i. Administradora de fondos públicos: Toda aquella 

persona delegada que determinen los objetivos y las 
políticas del CETAC/DGAC, a quienes, mediante el 
ejercicio de las funciones administrativas, se les ha 
encomendado la tarea de ejercer la tutela y cuidado de 
esos fondos.

ii. Caución: Garantía monto que rinde el caucionante con 
cargo a su propio patrimonio, en las distintas formas 
permitidas en este reglamento que debe rendir, toda 
persona encargada de recaudar, custodiar o administrar 
fondos y valores públicos a favor del CETAC/DGAC y/o 
la Hacienda Pública.

iii. Custodia y fondos públicos: Función administrativa de 
cuido, guarda o tenencia de aquellos dineros, recursos, 
valores, bienes y derechos de propiedad del CETAC/
DGAC o la Hacienda Pública.

iv. Fondos públicos: De acuerdo con el artículo 9 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 
son aquellos recursos, valores, bienes y derechos, 
propiedad del Estado, de órganos, de empresas o de 
entes públicos.

v. Valores públicos: Títulos de crédito emitidos por el Estado.
vi. Póliza o seguro de fidelidad: Contrato de seguro 

ofrecido por entidades autorizadas a ofrecer ese servicio, 
con el cual las personas funcionarias rinden garantía 
en beneficio del Estado o del CETAC/DGAC; con el 
fin de resarcirle los eventuales daños y perjuicios que 
el responsable titular de la caución y en el desempeño 
de su labor, pudiese producirle al patrimonio propiedad 
del Estado, producto de la comisión de actos culposos o 
dolosos.

vii. Salario base: La denominación “salario base”, corresponde 
al monto equivalente al estipendio mensual del “Oficinista 
1” que aparece en la relación de puestos de la Ley de 



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comunicar a cada persona funcionaria a nombrar en 
alguno de los cargos que se señalan en el artículo 3 
de este reglamento, la obligación de rendir de previo la 
garantía correspondiente.

Asimismo, le corresponderá a la citada dependencia 
supervisar que todas las personas funcionarias obligadas 
a rendir la garantía con la entrada en vigencia del presente 
reglamento, y a los que ostenten el nombramiento respectivo, 
suscriban la correspondiente póliza de fidelidad, según 
corresponda, conforme las disposiciones transitorias aquí 
dispuestas, y que; la mantengan vigente.

Se llevará un registro de las personas funcionarias que 
se encuentren obligadas a rendir la caución, así como la fecha 
de vencimiento de éstas, lo anterior con el fin de tomar las 
providencias del caso a efecto de que en todo momento se 
mantengan vigentes.

Artículo 9º—De la presentación de la caución ante 
las Unidades de Recursos Financieros y de Gestión 
Institucional de Recursos Humanos y los supuestos en 
que se rindiere por un monto inferior. Una vez suscrita la 
póliza de fidelidad que establece el presente reglamento, la 
persona funcionaria deberá presentar la original ante la Unidad 
de Recursos Financieros, para su custodia, y una fotocopia 
certificada de ésta ante la Unidad de Gestión Institucional 
de Recursos Humanos, la cual se agregará de inmediato al 
expediente personal de la persona funcionaria. Igualmente, 
presentará dicha fotocopia cada vez que renueve la garantía.

Si la persona funcionaria no presenta la garantía original 
ante la Unidad de Recursos Financieros y la respectiva 
fotocopia certificada ante la Unidad de Gestión Institucional de 
Recursos Humanos, esta unidad le prevendrá por única vez 
su presentación en el plazo de tres días hábiles siguientes. 
Su incumplimiento conllevará la aplicación de las acciones 
respectivas, conforme lo dispuesto en el artículo 11 del presente 
reglamento.

Si la garantía fuere rendida por un monto inferior, se 
apercibirá a la persona funcionaria para que, en el plazo 
no mayor a ocho días hábiles siguientes a su notificación, 
proceda a efectuar el ajuste respectivo, presentando dentro de 
ese plazo la documentación correspondiente a que se refiere 
el presente artículo, bajo el entendido de que su omisión o 
incumplimiento determinará la aplicación de lo establecido en 
el artículo 11 del presente reglamento.

Artículo 10.—De la responsabilidad para renovar la 
caución. El deber y la responsabilidad de renovar la póliza 
de fidelidad corresponderá a cada persona funcionaria, 
quien será notificado por la Unidad de Gestión Institucional 
de Recursos Humanos sobre su deber de renovarla, por lo 
menos con un mes de antelación a su vencimiento.

La omisión por parte de la Unidad de Gestión Institucional 
de Recursos Humanos en efectuar tal comunicación no exime 
a la persona funcionaria de su deber de mantener vigente la 
respectiva garantía, sin perjuicio de la responsabilidad que 
sobrevenga a la referida unidad por su incumplimiento.

Artículo 11.—Sanción del funcionario que incumple 
su deber de rendir caución. En el caso que la persona 
funcionaria que se encuentre obligada a rendir la garantía no 
suscribiere la póliza de fidelidad o no la tuviere vigente por 
el período para el cual se encuentre obligado a hacerlo o no 
presentara la garantía original ante la Unidad de Recursos 
Financieros y la respectiva fotocopia certificada ante la Unidad 
de Gestión Institucional de Recursos Humanos, se constituirá 
en causal para el cese en el cargo sin responsabilidad patronal, 

en un plazo no mayor a quince días hábiles, contados desde 
la fecha de nombramiento en el cargo o de la fecha que se 
haya dispuesto la obligación, de rendir la garantía.

Artículo 5º—De la Comisión de Cauciones. Se crea la 
Comisión de Cauciones integrada por el jefe del Departamento 
Financiero Administrativo, el jefe de la Unidad de Gestión 
Institucional de Recursos Humanos y el jefe de la Unidad de 
Recursos Financieros de la Dirección General de Aviación 
Civil.

Corresponde a dicha Comisión establecer el monto de la 
póliza de fidelidad que deben rendir los funcionarios obligados 
a ello, conforme a lo estipulado en el artículo 3 del presente 
reglamento, debiendo emitirse un acto motivado en el cual se 
incorpore una tabla con la estimación de la garantía por cada 
persona funcionaria considerándose, además, que el valor 
mínimo aceptable para tales efectos es la suma definida como 
salario base en dicho artículo.

Si existiere alguna duda acerca de si una persona 
funcionaria debe o no rendir la garantía y el monto respectivo, 
corresponderá a la Comisión de Cauciones por acto razonado 
establecer el nivel en que se encuentra la persona obligada a 
rendir la caución.

Artículo 6º—De la forma para determinar el monto de la 
garantía. Con el fin de determinar el nivel de responsabilidad 
y monto de la caución que debe rendir el funcionario 
respectivo, conforme a lo estipulado en el artículo 3 del 
presente reglamento, la Comisión de Cauciones tomará en 
cuenta el monto administrado, el nivel de responsabilidad del 
funcionario, así como su salario.

La Comisión de Cauciones oportunamente informará 
a la Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos 
sobre la actualización de los montos de caución y esta última, 
a su vez, será responsable de velar porque se cumpla con lo 
determinado en el presente reglamento.

En el mes de enero de cada año la Comisión de Cauciones 
deberá actualizar el monto de dicha caución, emitiéndose el 
acto debidamente razonado y comunicándose oportunamente 
a todas las personas involucradas.

El CETAC, en condición de jerarca, podrá fijar 
razonablemente montos mayores a lo previsto en el presente 
reglamento, para lo cual deberá tomar en consideración los 
niveles de responsabilidad, el monto administrado y el salario 
del funcionario responsable. Para fijar un monto mayor, 
necesariamente se debe dictar la resolución administrativa 
debidamente motivada.

Cuando un funcionario de la Dirección General de 
Aviación Civil y/o del Consejo Técnico de Aviación Civil 
realiza funciones de dos o más cargos de los mencionados 
anteriormente, deberán ofrecer el bono de garantía por el 
cargo de mayor jerarquía.

Artículo 7º—Del plazo de las garantías. Las garantías 
ofrecidas por las personas funcionarias públicas que laboran 
para esta Institución y que se encuentran obligadas a 
rendirla conforme a los términos del presente reglamento, 
deberán mantenerse vigentes mientras ocupen sus cargos, 
así como por el lapso de prescripción de la responsabilidad 
civil y/o mientras se encuentre pendiente un procedimiento 
administrativo por daños y perjuicios.

CAPÍTULO III
Del control y sanciones

Artículo 8º—Del control en el cumplimiento de las 
disposiciones del presente reglamento. Corresponderá a 
la Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos, 



La Gaceta Nº 151 — Lunes 19 de agosto del 2024Pág 26

de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en 
la modalidad de Taxi”, en su artículo 5°, se creó el Consejo 
de Transporte Público, como órgano de desconcentración 
máxima adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
con personalidad jurídica instrumental.

Il.—Que los artículos 8° y 9° de la citada Ley, regulan 
el procedimiento de conformación e integración del Consejo 
de Transporte Público, nombramiento que será por un plazo 
máximo equivalente al del nombramiento del Presidente de la 
República, pudiendo ser reelegidos.

III.—Que, de conformidad con el Artículo 139° inciso 1), 
son deberes y atribuciones exclusivas del Presidente de la 
República nombrar y remover libremente a los Ministros de 
Gobierno. Que en virtud del nombramiento del Ing. Mauricio 
Batalla Otárola como Ministro de Obras Públicas y Transportes, 
le corresponde de conformidad con el Artículo 8 inciso a) de 
la Ley 7969 ejercer como Presidente de la Junta Directiva del 
Consejo de Transporte Público. Por tanto,

Decretan:
Reforma al Inciso A) del Artículo 1°, 

del Decreto Ejecutivo N° 43635-MOPT
Integración del Consejo de Transporte Público
Artículo 1°—Se reforma el inciso a), del Artículo 1°, del 

Decreto Ejecutivo N° 43635-MOPT, del dieciocho de julio 
del dos mil veintidós, para que en lo sucesivo se lea de la 
siguiente manera:

a) Mauricio Batalla Otárola, portador de la cédula 
de identidad N° 1-0838-0179, en condición de Ministro de 
Obras Públicas y Transportes, quien presidirá la Junta 
Directiva.

Artículo 2°—De conformidad con el artículo 9° de la Ley 
Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado 
de Personas en Vehículos en la Modalidad de Taxi, el plazo del 
nombramiento lo es, hasta por el plazo máximo equivalente al 
del nombramiento del Presidente de la República.

Artículo 3°—Rige a partir del 13 de marzo del 2024.
Dado en la Presidencia de la República.—San José, el 

trece de marzo del dos mil veinticuatro.
RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Obras 

Públicas y Transportes, Mauricio Batalla Otárola.—1 vez.—O.C. N° 
4600084400.—Solicitud N° 20240059.—( D44550-IN2024887043 ).

N° 44593-MINAE-MOPT
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
Y EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

En ejercicio de las facultades que les confieren los 
artículos 50, 140 incisos 3) y 18), y 146 de la Constitución 
Política; artículos 27 inciso l) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley 
General de la Administración Pública N° 6227 del 2 de mayo 
de 1978; la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes, N° 3155 del 05 de agosto de 1963, reformada 
mediante Ley N° 4786 del 05 de julio de 1971; los artículos 3 
inciso m), 19 inciso b), 33 y 34 de la Ley Forestal N° 7575 del 
13 de febrero de 1996; y el artículo 2 inciso m) del Reglamento 
a la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo N° 25721- MINAE del 17 
de octubre de 1996; y los artículos I y 2 de la Ley Orgánica del 
Ministerio de Ambiente y Energía N° 7152 del 5 de junio de 1990.

Considerando
I.—Que el proyecto “Construcción de Obras de 

Infraestructura en Proyecto Montealegre”, se localiza en la 
Ciudad de Barreal de Heredia, frente a la Ruta Nacional N° I y 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley de 
la Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos y siguiendo las reglas del debido proceso.

Artículo 12.—Sanción para la persona funcionaria 
que efectúa un nombramiento sin que el beneficiado 
haya rendido la caución correspondiente. Constituirá 
un hecho generador de responsabilidad administrativa 
para la respectiva persona funcionaria, darle posesión del 
cargo a una persona obligada a rendir garantía conforme 
los términos de este reglamento, sin que esta última haya 
rendido previamente la caución respectiva, todo conforme 
las disposiciones contenidas en el artículo 110 inciso 1) de 
la Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos.

CAPÍTULO IV
Disposiciones finales

Artículo 13.—Plazo para comunicar los nuevos 
montos de Cauciones. La Comisión de Cauciones contará 
con un mes contado a partir de la publicación del presente 
reglamento, para informar los nuevos montos de las cauciones 
que deben rendirse conforme a las disposiciones que por este 
acto se establecen, acto que deberá notificar a cada una de 
las personas funcionarias a que se refiere el artículo 3 del 
presente reglamento.

Artículo 14.—Plazo para rendir la respetiva caución 
de acuerdo a los nuevos montos. Una vez que la Comisión 
haya notificado los montos de las cauciones a que se refiere 
el artículo 3 inciso viii, del presente reglamento, las personas 
funcionarias contarán con un lapso no superior a los treinta días 
naturales siguientes para rendir la respectiva caución en los 
términos y condiciones que establece la presente normativa, 
transcurrido el cual sin que se haya rendido, se configurará 
la causal de cese del cargo sin responsabilidad patronal. En 
caso de que la persona responsable sea un integrante del 
cuerpo colegiado, se notificará de dicho incumplimiento al 
órgano que realizó el nombramiento para lo que corresponda.

Artículo 15.—Vigencia. Rige a partir de su publicación 
en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a 
los veintitrés días del mes de enero de 2024.

RODRIGO CHAVES ROBLES.—El Ministro de Obras 
Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez.—1 vez.— 
O. C. N° 4600084400.—Solicitud N° 20240058.—( D44529 - 
IN2024887039 ).

N° 44550-MOPT
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
En el ejercicio de las facultades conferidas por los 

artículos 140°, incisos 3) y 18) de la Constitución Política, 
artículos 25° inciso 1), 27 inciso 1) y 28° inciso 2 acápite b) 
de la Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, Ley General de 
la Administración Pública, Ley de Creación del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes N° 3155 del 5 de agosto de 
1963 y sus reformas, artículos 8° y 9° de la Ley N° 7969 del 
22 de diciembre de 1999 “Ley Reguladora de Servicio Público 
de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la 
Modalidad Taxi” y sus reformas.

Considerando:
I.—Que por Ley N° 7969 del 22 de diciembre de 

1999 publicada en La Gaceta N° 20 del 28 de enero del 
2000, denominada “Ley Reguladora de Servicio Público