Legislación

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Esta sección contiene legislación relacionada con el Sector Transporte e Infraestructura; se incluye además legislación en general del Sector Público que debe ser de acatamiento para los Ministerios y demás instituciones. El periodo que cubre está entre los años 1916 a la fecha; por lo que nos encontramos en proceso de incorporar el texto completo.

En caso de necesitar alguno de estos documentos y no se encuentra a texto completo, por favor contáctenos al Centro de Información y Documentación para ayudarle al teléfono 2523-2332 o al correo electrónico gestion@mopt.go.cr. También puede localizarlos en el sitio web SINALEVI

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Author: search.filters.author.Costa Rica. Asamblea LegislativaSubject: search.filters.subject.CTP

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    Ley 10676. reforma la integración del Consejo de Transporte Público.
    (Imprenta Nacional, 2025) Costa Rica. Asamblea Legislativa
    La Ley N.º 10676, Reforma los artículos 8, 9 y 10 de la Ley N.º 7969, que regula el servicio público de transporte remunerado de personas. Esta modificación cambia la integración del Consejo de Transporte Público (CTP), eliminando la representación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) e incorporando un nuevo representante del sector de servicios especiales estables de transporte. El expediente legislativo correspondiente es el N.º 23.796.
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    Ley 10389. Condonación de las deudas acumuladas en el pago del marchamo
    (Imprenta Nacional, 2023) Costa Rica. Asamblea Legislativa
    La Ley N.° 10389 adiciona un Transitorio VI a la Ley N.° 7088, con el fin de condonar las deudas acumuladas por concepto del derecho de circulación (marchamo) hasta el periodo fiscal 2023, incluyendo cargos, intereses y multas. La medida aplica exclusivamente a vehículos automotores y motocicletas inscritos en el Registro Nacional, pero excluye aeronaves y embarcaciones. Los beneficios de la condonación pueden aplicarse tanto al pago del marchamo 2024 como a la desinscripción de vehículos en desuso. Sin embargo, se excluye expresamente a altos jerarcas del sector público de este beneficio. La ley también obliga al Estado a desarrollar una campaña informativa para garantizar su aplicación efectiva y transparente.